[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de boletas de voto por correo o de una oficina electoral — buscar imagen libre de derechos]]
La Corte Suprema respaldó el conteo de votos por correo y, en el mismo fallo, limitó la capacidad de estados y agencias federales para introducir cambios en las reglas electorales cerca de una elección, reforzando un principio conocido como la “doctrina Purcell”: los tribunales deben evitar alterar los procedimientos de votación cuando una elección ya está próxima, para no generar confusión entre los votantes ni en quienes administran los comicios.
Esta decisión llega apenas días después de que un tribunal federal frenara un decreto separado de la administración Trump sobre los plazos de entrega de boletas por correo a través del Servicio Postal. Vistos juntos, ambos fallos dibujan una línea consistente: los tribunales, incluida ahora la Corte Suprema, están poniendo límites concretos a los intentos de modificar las reglas del voto por correo fuera del proceso legislativo ordinario, sin importar de qué lado político venga el intento de cambio.
¿Por qué importa esto justo ahora? Porque Estados Unidos entra en la recta final antes de las elecciones legislativas de noviembre, el momento en que históricamente se intensifican los intentos de última hora por ajustar reglas de votación —plazos de entrega, requisitos de identificación, ubicación de centros de votación— aprovechando el poco tiempo que queda para que un tribunal revierta esos cambios antes del día de la elección. Al reforzar la doctrina Purcell, la Corte les está diciendo tanto a legisladores estatales como a agencias federales que ese tipo de maniobras tienen, de antemano, menos probabilidades de sostenerse si se intentan demasiado cerca de la fecha de votación.
Para los votantes, sobre todo aquellos que dependen del voto por correo por razones de trabajo, movilidad o distancia —un grupo donde las comunidades latinas están representadas de forma significativa—, este fallo ofrece algo valioso: previsibilidad. Saber que las reglas bajo las que se vota no van a cambiar abruptamente en las semanas previas a noviembre reduce el riesgo de que boletas legítimas queden invalidadas por confusión sobre plazos o procedimientos que cambiaron a último momento.
El fallo no cierra el debate político sobre el voto por correo —seguirá siendo un tema central de campaña para ambos partidos—, pero sí establece que, judicialmente, la ventana para intentar modificarlo antes de una elección ya en curso se está cerrando cada vez más rápido.