El Departamento de Justicia le advirtió al gobernador de California, Gavin Newsom, que lo demandará si el estado aplica la AB 1127, la ley que prohíbe la venta de ciertas pistolas Glock por su facilidad para convertirse en armas automáticas. En la superficie, es un pleito más entre Washington y California, dos rivales habituales en los tribunales. Pero el trasfondo es más importante que el episodio en sí: la administración Trump está usando victorias recientes de la Corte Suprema en materia de Segunda Enmienda para presionar a los estados a retroceder en sus propias leyes de armas, uno por uno.
Eso es lo que realmente está en juego. La ley californiana, que entró en vigor el 1 de julio, no prohíbe las armas que la gente ya posee; apunta a impedir que se sigan vendiendo modelos que pueden transformarse con facilidad en armas de disparo totalmente automático mediante piezas ilegales conocidas como “switches”. California defiende la norma como una medida de seguridad pública frente a un fenómeno que las fuerzas del orden han detectado en la calle. El Departamento de Justicia, en cambio, sostiene que restringir la venta de un modelo de pistola específico viola el derecho constitucional a adquirir armas de fuego modernas.
¿Por qué debería importarle esto a alguien fuera de California? Porque el resultado de este pulso —judicial antes que político— sentará un precedente sobre cuánto margen conservan los estados para regular armas de fuego después de que la Corte Suprema ampliara la interpretación de la Segunda Enmienda en años recientes. Si el Departamento de Justicia logra tumbar la AB 1127, es previsible que use el mismo argumento contra leyes similares en Nueva York, Illinois, Massachusetts o Nueva Jersey, estados con sus propias restricciones sobre armas de rápida conversión o de “asalto”. Si California logra defenderla en los tribunales, será la prueba de que los estados todavía tienen margen para legislar en esta materia pese al giro conservador de la Corte Suprema.
Hay, además, una dimensión más inmediata para las comunidades latinas: la violencia armada golpea de manera desproporcionada a barrios de mayoría hispana y afroamericana en varias ciudades de California, según datos que han citado repetidamente organizaciones de salud pública del estado. Los “switches” que convierten pistolas semiautomáticas en armas de fuego automático han sido señalados en investigaciones federales como un factor detrás del aumento de tiroteos con múltiples disparos en cuestión de segundos. Es decir, la disputa legal no es solo un debate abstracto sobre la Constitución: tiene un correlato directo en el tipo de armamento que puede terminar circulando en las calles.
Este round de la guerra por las armas también revela una estrategia más amplia de la actual administración: usar al Departamento de Justicia como punta de lanza para litigar contra estados demócratas en múltiples frentes —armas, inmigración, políticas ambientales— en lugar de esperar a que el Congreso legisle. Es una forma de gobernar por la vía judicial que probablemente seguirá multiplicándose durante los próximos meses, y que convierte a los tribunales federales, más que al Capitolio, en el verdadero campo de batalla de la política estadounidense de este año.