[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de cajas de ayuda humanitaria siendo cargadas en un avión o camión — buscar imagen libre de derechos]]
El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, denunció que colocó dispositivos de geolocalización (GPS) ocultos dentro de parte de la ayuda humanitaria que su ciudad envió a Venezuela tras los terremotos de junio, después de sospechar que parte de esos insumos podría estar siendo desviada de su destino original. El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó de inmediato las declaraciones, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar informó que localizó en el estado Monagas un cargamento de ayuda internacional que, según la versión oficial, confirmaba justamente lo que el propio alcalde panameño había denunciado como un presunto desvío.
Que un alcalde extranjero considere necesario rastrear en secreto su propia ayuda humanitaria dice mucho, por sí solo, sobre el nivel de desconfianza que rodea a la distribución de asistencia en Venezuela en este momento. Y esa desconfianza no aparece de la nada: se suma a otras denuncias recientes, como reportes de policías sorprendidos saqueando un hotel colapsado en La Guaira, y de un joven que fue citado a un cuartel militar después de denunciar públicamente el robo de un centro de acopio por parte de uniformados. Cada uno de estos episodios, por separado, podría explicarse como un hecho aislado; juntos, dibujan un patrón que organismos humanitarios llevan años documentando en distintos momentos de la gestión de ayuda internacional hacia Venezuela.
La reacción oficial —negar la acusación del alcalde panameño mientras casi simultáneamente se anuncia el hallazgo de un cargamento “desviado”— es, en sí misma, contradictoria y confusa, y esa confusión es precisamente el problema: dificulta que cualquier observador externo distinga con claridad qué ocurrió en realidad, en un contexto donde la transparencia sobre el destino final de la ayuda internacional debería ser la prioridad absoluta, no un tema de disputa retórica entre gobiernos.
¿Por qué debería importarle esto a alguien fuera de Venezuela y Panamá? Porque la manera en que se resuelvan este tipo de disputas de confianza va a determinar, en la práctica, cuánta ayuda internacional adicional está dispuesta a comprometerse en las próximas semanas. Ningún gobierno, organización humanitaria o donante privado quiere que sus recursos terminen documentados en un escándalo de desvío, y episodios como este —sin importar de qué lado esté la razón— erosionan la confianza necesaria para que la cooperación internacional siga fluyendo con la generosidad que Venezuela todavía necesita, a casi dos semanas de una tragedia que dejó más de 3.000 muertos.
Para la diáspora venezolana, que ha estado movilizando recursos propios de manera constante desde el primer día del terremoto, este episodio confirma un temor que muchos ya tenían: que incluso la ayuda mejor intencionada puede terminar atrapada en la misma falta de transparencia que ha caracterizado a las instituciones venezolanas durante años, independientemente de quién esté al frente del Ejecutivo en un momento dado.