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Delcy Rodríguez cumplió seis meses como presidenta encargada de Venezuela, un aniversario que en circunstancias normales sería ocasión de un balance de gestión, pero que llega en medio de la crisis más severa que ha enfrentado desde que asumió el cargo tras la salida forzada de Nicolás Maduro en enero. En una comparecencia reciente, defendió públicamente a la fuerza armada venezolana por su manejo de la emergencia del terremoto, al mismo tiempo que mantiene, según ha señalado CNN, el respaldo de Estados Unidos como interlocutora del gobierno interino.

Ese respaldo estadounidense es, en sí mismo, uno de los datos más reveladores de este primer semestre de gestión: apenas días atrás, el propio Comando Sur se reunió con Rodríguez para coordinar ayuda humanitaria, una muestra de que, más allá de las tensiones políticas de fondo entre ambos países, Washington sigue tratando a su gobierno como el canal oficial de comunicación en Venezuela. Sostener ese respaldo, sin embargo, no ha sido suficiente para blindarla de un desgaste interno que se ha acelerado dramáticamente en las últimas dos semanas.

El terremoto del 24 de junio se convirtió, sin que ella lo buscara, en el examen más duro de su gestión hasta la fecha. La respuesta gubernamental ha sido señalada por lentitud, denuncias de corrupción en el manejo de la ayuda humanitaria, restricciones de acceso a zonas afectadas y ahora, según reportan medios internacionales, un creciente enojo popular que algunos analistas describen como un caldo de cultivo con potencial de estallido social. Que Rodríguez haya optado por defender a la fuerza armada en lugar de reconocer abiertamente las falencias en la respuesta —el tipo de gesto que en otros países ha ayudado a gobiernos a recuperar algo de confianza pública en momentos de crisis— sugiere una estrategia comunicacional centrada en proyectar control antes que en admitir errores.

Ese enfoque tiene un costo político que se está acumulando en tiempo real: cada nueva denuncia de corrupción en la distribución de ayuda, cada zona donde se reporta acceso restringido, y cada semana adicional sin viviendas concretas para los damnificados —pese a la promesa de entregarlas para fin de año— erosiona todavía más una legitimidad que, según reconocen incluso analistas cercanos al proceso, ya era frágil antes de que ocurriera el terremoto.

Para los venezolanos dentro y fuera del país, este aniversario de seis meses no se mide en logros de gestión, sino en una pregunta mucho más urgente: si el gobierno interino tiene, de hecho, la capacidad institucional y la voluntad política para gestionar una reconstrucción que la propia ONU calculó en 37.000 millones de dólares, cuando su fondo de reconstrucción anunciado apenas alcanza los 200 millones. La respuesta a esa pregunta, más que cualquier discurso de aniversario, es la que va a determinar si Delcy Rodríguez llega a los próximos seis meses con el mismo respaldo, tanto interno como internacional, que sostiene su gobierno hoy.