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La Asamblea Nacional de Cuba aprobó por unanimidad, hace unas semanas, un paquete de casi 200 reformas de mercado que varios economistas describen como el cambio económico más profundo desde la revolución de 1959. El primer ministro Manuel Marrero presentó 176 medidas que reducen el control estatal sobre sectores clave: los inversionistas extranjeros ya no estarán obligados a formar empresas conjuntas con el Estado, se autorizará la existencia de grandes empresas privadas, y tanto cubanos como extranjeros podrán adquirir participaciones en compañías estatales. El economista Daniel Torralbas lo calificó como “lo más profundo” desde la propia revolución.

Lo que hace que esta noticia importe no es solo la magnitud de las reformas en sí, sino el contexto que las produjo: Cuba atraviesa apagones de hasta 20 horas diarias, con impacto directo en hospitales, transporte y educación, como consecuencia de un bloqueo petrolero que Estados Unidos impuso en enero, tras la salida forzada del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aliado histórico que abastecía de combustible a la isla. El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció esta vez algo que rara vez admite el discurso oficial: que existen “obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, en referencia a la lentitud burocrática y las decisiones postergadas dentro del propio sistema cubano.

Ese reconocimiento, sumado a la magnitud de las reformas, ha llevado a analistas como Michael Bustamante, de la Universidad de Miami, a describir la situación como un gobierno “con la espalda contra la pared como nunca antes”, haciendo cambios a su modelo económico “aparentemente por la presión que ejerce Estados Unidos”. El propio Díaz-Canel insistió en que las reformas no responden a presiones “de los yanquis”, sino a la necesidad de “preservar” el socialismo, cerrando la sesión con la consigna histórica de “socialismo o muerte”.

Aquí está el punto que más debería importarle a cualquiera que siga esta noticia con atención: varios especialistas, incluido un investigador del Instituto Quincy en Washington, advierten que estas reformas solo tendrán un efecto real si se combinan con un levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses. Sin acceso a financiamiento internacional ni a inversión extranjera que no esté penalizada por el sistema financiero de EE.UU., buena parte de las nuevas medidas —desde la banca privada hasta la inversión de cubanos en el exterior— corre el riesgo de quedar en el papel. Es decir: Cuba está abriendo la puerta a un modelo de mercado en el peor momento posible para que esa apertura funcione, porque la misma potencia que la empuja a reformar es la que mantiene cerrado el acceso a los recursos que esa reforma necesitaría para tener éxito.

Para la comunidad cubana en el exterior, el resultado inmediato de todo esto es una combinación de escepticismo y esperanza cauta. Habitantes de la isla, agotados por semanas de apagones que pudren la comida en pleno calor de 40 grados, han recibido las reformas con desconfianza: para muchos son, en palabras de un residente de La Habana citado por medios internacionales, “demasiado poco, demasiado tarde”. El sector privado emergente, en cambio, las recibió con más optimismo, viéndolas como una posible puerta hacia la reactivación del turismo y del comercio. Cuál de esas dos lecturas termine siendo la correcta dependerá, en gran medida, de una variable que no está en manos de La Habana: qué tan dispuesta esté Washington a aflojar la presión que, según sus propias autoridades, busca precisamente forzar este tipo de cambios.