[[REEMPLAZAR-IMAGEN: foto genérica de un hospital o morgue con personal médico — buscar imagen libre de derechos]]

Una patóloga venezolana declaró a CNN que las morgues del país están recibiendo hasta 400 cuerpos diarios desde el terremoto del 24 de junio, un volumen que supera con creces la capacidad instalada del sistema forense venezolano incluso en condiciones normales. Es un dato técnico, casi burocrático en apariencia, pero que explica algo mucho más importante que ha dominado la cobertura de las últimas dos semanas: por qué existen tantas dudas sobre la cifra oficial de fallecidos, que las autoridades sitúan en 3.342 personas mientras organizaciones humanitarias sugieren que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

Cuando un sistema forense recibe más cuerpos de los que puede procesar en el tiempo esperado, ocurren varias cosas que afectan directamente la precisión de cualquier cifra oficial: identificaciones que se retrasan, cuerpos que deben enterrarse sin identificación plena para evitar riesgos sanitarios —como ya ocurrió con más de 150 personas enterradas en fosas individuales en un cementerio venezolano sin haber sido identificadas—, y un desfase constante entre el número de personas que efectivamente murieron y el número que el sistema ha logrado, formalmente, contabilizar y registrar.

Ese desfase no es un simple detalle técnico: es la explicación más plausible, y menos conspirativa, detrás de las discrepancias que han señalado periodistas y organizaciones internacionales entre la cifra oficial y las estimaciones alternativas. No hace falta asumir manipulación deliberada de los números para entender por qué podrían estar subestimados: basta con que un sistema de salud y forense, que ya operaba con escasez crónica de insumos y personal antes del terremoto, se enfrente de golpe a una demanda que multiplica por varias veces su capacidad normal de respuesta.

Este colapso forense tiene, además, una consecuencia humana que trasciende la estadística: miles de familias venezolanas siguen sin saber con certeza si un familiar desaparecido está entre los fallecidos no identificados, entre los heridos hospitalizados sin registro actualizado, o si todavía podría estar con vida en alguna zona de difícil acceso. La cifra de desaparecidos, según reconocen las propias autoridades, es hoy el mayor interrogante de esta tragedia, más incluso que el número de muertos confirmados.

Para los venezolanos en el exterior que llevan casi dos semanas intentando confirmar el estado de sus familiares, esta información explica por qué la incertidumbre se ha prolongado tanto: no se trata necesariamente de que se les esté ocultando información, sino de que el sistema encargado de generar esa información con precisión está, en este momento, desbordado más allá de su capacidad real. Esa distinción importa, porque cambia la pregunta correcta que la comunidad internacional debería estar haciendo: no solo “por qué no coinciden las cifras”, sino “qué tan urgente es reforzar la capacidad forense de Venezuela” antes de que ese vacío de información se convierta en una segunda crisis, esta vez de confianza, sobre la propia tragedia.