Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al general Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, cargo que ocupó durante más de 11 años, y lo reemplazó por el general Gustavo González López, un alto oficial sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y represión sistemática contra opositores.
Rodríguez anunció el cambio a través de su cuenta en redes sociales, donde agradeció a Padrino López “su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”. Agregó que el saliente ministro asumirá “nuevas responsabilidades” sin especificar cuáles. El anuncio se produce poco más de dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 y en medio de una reorganización del alto mando militar.
Padrino López, quien reconoció a Rodríguez como presidenta encargada tras la caída de Maduro, enfrenta desde 2019 acusaciones en Estados Unidos por presunta participación en el llamado “Cartel de los Soles”, una red de narcotráfico vinculada a altos funcionarios venezolanos. Washington ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena, y mantiene sanciones contra él por narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos. Canadá, la Unión Europea y otros países también lo han sancionado.
El nuevo ministro, Gustavo Enrique González López, es una figura controvertida con una larga trayectoria en los aparatos de inteligencia y seguridad del chavismo. Ha dirigido en múltiples periodos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y recientemente fue nombrado por Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La Unión Europea sancionó a González López en enero de 2018 (medidas prorrogadas hasta al menos 2027) por ser “responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”. Las sanciones europeas incluyen congelación de activos y prohibición de viaje a territorio de la UE. Estados Unidos lo sancionó desde 2015 por su rol en la represión de protestas, y Canadá, Suiza, Reino Unido y otros países aplicaron medidas similares.
Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela han documentado patrones sistemáticos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas (incluidas posiciones de estrés, asfixia, descargas eléctricas, violencia sexual y golpizas), tratos crueles, inhumanos y degradantes en instalaciones del SEBIN como El Helicoide y de la DGCIM, cometidos bajo la cadena de mando en la que González López ocupó posiciones clave. La Misión ha concluido que estos actos forman parte de un plan para reprimir la disidencia y pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Organizaciones como Human Rights Watch, Foro Penal y Provea han registrado cientos de casos de presos políticos y víctimas de tortura atribuidos a organismos bajo su influencia o dirección directa.
El nombramiento de González López ocurre en un contexto de transición inestable, con presiones internacionales para que las nuevas autoridades cooperen en materia de justicia transicional y rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. Ni Rodríguez ni el nuevo ministro han respondido públicamente a las críticas sobre su historial.
(Reporte de Reuters; editado por equipo internacional. Fuentes adicionales: documentos oficiales de sanciones UE, informes de la ONU y comunicados de la Presidencia encargada).
Padrino López, quien reconoció a Rodríguez como presidenta encargada tras la caída de Maduro, enfrenta desde 2019 acusaciones en Estados Unidos por presunta participación en el llamado “Cartel de los Soles”, una red de narcotráfico vinculada a altos funcionarios venezolanos. Washington ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena, y mantiene sanciones contra él por narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos. Canadá, la Unión Europea y otros países también lo han sancionado.
El nuevo ministro, Gustavo Enrique González López, es una figura controvertida con una larga trayectoria en los aparatos de inteligencia y seguridad del chavismo. Ha dirigido en múltiples periodos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y recientemente fue nombrado por Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La Unión Europea sancionó a González López en enero de 2018 (medidas prorrogadas hasta al menos 2027) por ser “responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”. Las sanciones europeas incluyen congelación de activos y prohibición de viaje a territorio de la UE. Estados Unidos lo sancionó desde 2015 por su rol en la represión de protestas, y Canadá, Suiza, Reino Unido y otros países aplicaron medidas similares.
Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela han documentado patrones sistemáticos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas (incluidas posiciones de estrés, asfixia, descargas eléctricas, violencia sexual y golpizas), tratos crueles, inhumanos y degradantes en instalaciones del SEBIN como El Helicoide y de la DGCIM, cometidos bajo la cadena de mando en la que González López ocupó posiciones clave. La Misión ha concluido que estos actos forman parte de un plan para reprimir la disidencia y pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Organizaciones como Human Rights Watch, Foro Penal y Provea han registrado cientos de casos de presos políticos y víctimas de tortura atribuidos a organismos bajo su influencia o dirección directa.
El nombramiento de González López ocurre en un contexto de transición inestable, con presiones internacionales para que las nuevas autoridades cooperen en materia de justicia transicional y rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. Ni Rodríguez ni el nuevo ministro han respondido públicamente a las críticas sobre su historial.
(Reporte de Reuters; editado por equipo internacional. Fuentes adicionales: documentos oficiales de sanciones UE, informes de la ONU y comunicados de la Presidencia encargada).
